Este miércoles 17 de noviembre, bajo las molduras de la Cámara que acoge la Asamblea Constituyente en el ex Congreso de Santiago, se hace un silencio insólito: sus 155 diputados electos están para mostrar a los vecinos de su distrito el avance de su labor – un actividad obligatoria en el ámbito de su mandato. La existencia de esta asamblea no tiene precedentes. Y mucho más que la elección del próximo presidente, sus decisiones podrían moldear la vida de Chile durante las próximas décadas: tiene que redactar la nueva constitución del país, una enmienda que fue aprobada por el 78% del electorado en un referéndum en octubre. 2020, antes de la elección de los autores de este nuevo texto en mayo de 2021.

Este es el principal logro del histórico movimiento social de 2019: en la calle, los chilenos habían pedido el entierro de la actual constitución, aprobada en medio de una dictadura (1973-1990) y acusados ​​de haber grabado en piedra los cimientos neoliberales de la País. “A pesar de la fragmentación de su composición, la asamblea logró adoptar su reglamento dentro del tiempo asignado, en tres meses, es un éxito”, señala Pamela Figueroa, politóloga integrante del Observatorio de la Nueva Constitución, grupo de académicos que analizan los mecanismos de la asamblea y brindan asesoría técnica. En particular, el reglamento adoptado prevé una mayoría de dos tercios para la adopción de los textos e insta a los mandantes a negociar y llegar a un acuerdo.

Otro fuerte foco del marco que se ha dado a sí misma para su trabajo de doce meses comenzó oficialmente en julio: participación ciudadana, con reuniones presenciales, audiencias públicas para la sociedad civil, la oportunidad para que los chilenos firmen para el estudio de propuestas específicas. “Esto es fundamental porque determina su legitimidad, pero también la participación en el referéndum para aprobar el texto, probablemente alrededor de septiembre de 2022”., espera Tomas Jordan, politólogo y abogado, también miembro del observatorio de la nueva constitución.

“Lógica partidista izquierda-derecha”

La elaboración del borrador, en torno a comités temáticos, se inició el 18 de octubre, fecha simbólica que marca el segundo aniversario del movimiento social en 2019. El contenido general del texto final no genera tensiones, pero la asamblea se inclina abiertamente hacia la izquierda: debe anclar nuevos derechos sociales – el acceso a la salud, la educación, un sistema de pensiones, todo público y de alta calidad – pero también la descentralización de el poder, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de la población local.

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