El presidente chileno promulga una ley migratoria que facilita las expulsiones administrativas | mundo

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aprobó el domingo (11) una nueva ley de inmigración destinada a regular el ingreso ilegal de extranjeros, principalmente venezolanos, y facilitar las deportaciones oficiales, una medida que afecta a las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.

La norma, promulgada luego de ocho años de trámite en el Congreso, reemplaza una ley de 1975 y estipula que los extranjeros que quieran vivir en el país deben solicitar una visa en los consulados chilenos para tal efecto. También crea el Servicio Nacional de Migración para estandarizar el proceso migratorio.

“El objetivo principal de esta nueva ley migratoria es mantener el orden a través de una política ordenada, segura y regular”. Desde 2014, Chile se ha enfrentado a una ola de inmigración, compuesta principalmente por venezolanos, dijo Piñera luego de que se anunciara el texto en Iquique, a 2.000 kilómetros de Santiago.

La nueva ley también facilitará la deportación administrativa de los extranjeros que intenten ingresar al país “de manera clandestina sin cumplir con nuestras leyes ni validar sus antecedentes penales”, dijo el mandatario.

“Esta medida le da a la policía de fronteras una gran cantidad de discreción y ningún control”, dijo a la AFP Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). “También podría significar un cambio en los derechos de los inmigrantes”.

En enero, más de 3.800 venezolanos intentaron ingresar a Chile desde Bolivia a pie. “El pueblo venezolano que está atravesando una crisis humanitaria en su país debe ser visto como vulnerable, especialmente con la crisis de salud que mantiene cerradas las fronteras”, dijo Waleska.

Alrededor de 500.000 venezolanos se han asentado en Chile desde 2014, lo que los convierte en la colonia extranjera más grande. En 2018, el gobierno de Piñera emitió visas de responsabilidad civil para los venezolanos que desearan establecerse legalmente, pero solo el 27% de las solicitudes fueron aprobadas.

Nazario Ortega

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