Los votantes están discutiendo una variedad de políticas como el agua y los derechos tribales que podrían resultar en una nueva Carta Magna.

La Asamblea Constituyente de Chile ha comenzado a discutir formalmente propuestas para una nueva constitución que reemplace a la de la dictadura del general Augusto Pinochet.

La reunión del martes dio inicio a lo que probablemente sea un largo proceso, que incluye discusiones sobre planes para nacionalizar la minería, crear un congreso unicameral, derechos de agua y proteger las tierras indígenas, entre otras cosas.

“En ese tiempo veremos qué quedará realmente en el proyecto de constitución”, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, María Elisa Quinteros, al señalar que el texto enfrentaría un referéndum nacional previsto para septiembre.

Las discusiones se producen cuando Gabriel Boric, un exlíder de protestas estudiantiles de izquierda de 36 años, asumirá el cargo de próximo presidente de Chile en marzo.

Su ascenso al cargo más alto de la nación marca el cambio político y social más dramático del país desde su regreso a la democracia en 1990.

Los derechos de agua y propiedad, la independencia del banco central y las prácticas laborales están en la lista de discusión. Otros temas incluyen los derechos de los animales, la educación feminista, la conservación y la legalización del cannabis.

Las propuestas serán debatidas en los próximos meses y deberán ser aprobadas por dos tercios de los delegados, alrededor de 103 votos.

De adoptarse, enfrentarían un proceso de enmienda antes de una segunda votación final para ser incluidas en el texto final. Si son rechazados, vuelven a la Comisión para ser revisados ​​o descartados.

El potencial de cambios bruscos en el país ha causado cierta preocupación entre los conservadores y también ha provocado nerviosismo entre inversores y mineros.

Quinteros trató de disipar los temores diciendo que había mucha “desinformación” sobre el proceso y que las solicitudes estaban en una etapa temprana.

Pero estas preocupaciones han hecho que el proceso pierda algo de apoyo. Una encuesta realizada por la encuestadora privada Cadem muestra que el porcentaje de personas que actualmente dicen que tienen la intención de votar para adoptar la nueva constitución ha caído del 56 al 47 por ciento.

El órgano constitucional, elegido el año pasado, está dominado por representantes independientes y de izquierda, algunos de los cuales tienen sus raíces en un movimiento de protesta de 2019 que estalló contra la desigualdad en uno de los países más ricos de la región.

Kenneth Bunker, director de la consultora Tresquintos, dijo que este era un momento importante para plantear “inquietudes” para evitar postulaciones “locas” y socavar la confianza en el proceso.

Pero Bunker dijo que todavía cree que la nueva constitución finalmente se aprobará, aunque representaría un desafío para el nuevo gobierno de Boric.

“En el corto plazo, de concretarse esta constitución, el gobierno de Gabriel Boric tendrá un verdadero desafío para adecuar la infraestructura social a la situación política y económica actual de Chile”, dijo.