El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, anunció este lunes (11) un inédito plan de racionamiento de agua para la capital Chile en caso de que haya que interrumpir el suministro, escenario que las autoridades no descartan en el corto plazo dada la severa sequía que atraviesa el país.

“Tenemos que entender la situación en la que estamos. Ya llevamos 12 años de sequía, por lo que hay mucho potencial para ese tipo de situación”, dijo Orrego en una conferencia de prensa.

El protocolo prevé cuatro tipos de alertas en función de la emergencia, siendo la más grave la “alerta roja” que permitiría interrupciones de la rotación de un máximo de 24 horas.

El racionamiento afectaría a más de 1,5 millones de los casi 8 millones de personas que viven en el área metropolitana y reciben agua de los ríos Mapocho y Maipo.

Antes de eso, señaló el gobernador, podría haber otros tres escenarios: “Alerta Verde”, es decir, priorizar el uso de aguas subterráneas; “Alerta temprana” que requiere una revisión de los recursos; y “alerta amarilla” que implica la reducción de la presión de salida del agua.

Ese plan entraría en vigor si el gobierno ordenara el racionamiento del agua, algo que se anunció el mes pasado. El presidente de Chile, Gabriel Boric.no descartó medidas a corto o mediano plazo, particularmente en las tres zonas del oriente de Santiago donde la situación es más crítica.

Según el presidente, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, tres de los barrios más ricos del país, son los que más riegan pero también consumen más agua, superando en cuatro o cinco veces el promedio mundial, según un estudio de la universidad de Chile.

Chile es el país con la peor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76% de su territorio está afectado por la sequía desde hace una década, según Greenpeace.

Según la DMC (Direção Meteorológica de Chile), 2021 fue el cuarto año más seco registrado y todas las regiones experimentaron un déficit de precipitaciones del 50%, particularmente en la zona central, donde se encuentra Santiago.

Los expertos atribuyen la escasez de agua a la falta de precipitaciones, pero también al régimen de propiedad del agua, que es en un 80% de propiedad privada, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y energéticas.

Este sistema se basa en la Ley de Aguas de 1981 -redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet-, norma que otorgaba el derecho al agua a perpetuidad y lo convertía en un bien comerciable.