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Una primera versión de la nueva constitución chilena fue presentada este lunes (16) por la Convención Constituyente (grupo de diputados elegidos para redactar la Carta Magna).
El texto contiene un “catálogo de derechos sociales” para atender la demanda de los chilenos por más igualdad social.
La Presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, afirmó que el texto “cumple los deseos de millones de ciudadanos que han puesto sus sueños y esperanzas en este proceso”.
El traspaso se realizó durante una sesión plenaria especial (la 104 desde que se fundó la Convención el 4 de julio del año pasado) al pie de las ruinas de Huanchaca, monumento nacional en Antofagasta, ciudad 1.330 km al norte de Santiago.
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“Este texto da cuenta de una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de entender la vida en nuestro país, donde todos pueden sentirse protegidos. Con estas normas y artículos comenzamos a construir un Chile más justo”, dijo Quinteros.
El proyecto de 499 artículos fue presentado a la Comisión de Armonización para su revisión, la cual debe velar por el orden y la coherencia.
La redacción de este texto fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron en octubre de 2019 para exigir más justicia social en un país muy desigual donde las fortunas de los chilenos más ricos han aumentado en 16 millones solo en 2021. PIB, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La nueva propuesta pretende sustituir la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que no garantiza los derechos sociales, que ahora están contenidos en el nuevo texto, que será sometido a referéndum el 4 de septiembre con obligatoriedad votando
Antes, el 5 de julio, se entregará la versión final al presidente Gabriel Boric.
La propuesta de nueva constitución dejó fuera muchas ideas que causaron polémica en las discusiones, como el referéndum revocatorio, la pérdida de autonomía del banco central o la nacionalización de la minería.
Por el contrario, se dedica a un “catálogo de derechos sociales”, con un Estado que garantice salud, educación, vivienda digna y pensión. También crea un nuevo orden para el sistema político y legal y una nueva forma de distribuir el poder en los gobiernos regionales.
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