SANTIAGO, 24 may 2022 (AFP) – El gobierno de Chile dio a conocer este martes una agenda de “Verdad, Justicia y Reparación” para abordar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas sociales del 18 de octubre de 2019.

“Es una agenda encaminada a exigir responsabilidades por las violaciones cometidas por funcionarios del Estado durante el estallido social”, dijo la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.

La agenda propuesta por el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, quien asumió en marzo, prevé “el pleno respeto a los derechos humanos”, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado. El plan “pretende responsabilizarse de nuestra historia y cumplir con las acciones delineadas en nuestro programa de gobierno”.

A nivel de reparación, el Gobierno intentará “rediseñar los programas de salud para las víctimas y aumentar las pensiones”. Además, se elaborará un “cuadro de reparación integral a las víctimas” de abusos represivos.

El levantamiento de 2019 contra el gobierno del conservador Sebastián Piñera (2018-2022) se inició a raíz de las protestas de estudiantes de secundaria contra la nueva normativa del billete del metro de Santiago. Las manifestaciones, en ocasiones violentas, reunieron en Santiago a más de 1,2 millones de personas para exigir mejoras en diversos ámbitos sociales.

Un total de 34 personas murieron y más de 400 sufrieron heridas en los ojos por balas de goma y gases lacrimógenos disparados por la policía. También hubo denuncias de tortura, acoso y abuso de poder.

Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente durante las manifestaciones, que terminaron abruptamente en marzo de 2020 con el estallido de la pandemia.

Las violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI). Para que no se repitan, el gobierno chileno se comprometió a “articular todo el aparato estatal, a través de leyes y políticas públicas que garanticen la protección absoluta de los derechos humanos, así como medidas para preservar la memoria histórica”.

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