“Si tienes dinero, compras salud. Si no tienes dinero, te mueres esperando”, dijo Alejandra Pérez, una paciente con cáncer de mama que luchó como votante para garantizar el derecho a la salud de Chile en la nueva constitución.

En un país donde más del 80 por ciento de los casi 20 millones de habitantes buscan atención en el sistema público por falta de recursos, “una enfermedad en Chile es la ruina económica; en muchos casos es la muerte”, dijo Pérez a la AFP.

Ella dice que está “comprando vidas” en el sistema privado para tratar el cáncer y evitar listas de espera interminables y emergencias de salud pública colapsadas. “Si tienes dinero, tienes salud”, dice.

El sistema de salud en Chile nació con la actual constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que garantiza “el libre e igual acceso a las medidas de promoción, protección y restauración de la salud” pero no el derecho a la salud como tal.

El proyecto de Constitución, redactado durante un año por 154 electores elegidos en referéndum en condiciones de igualdad, reconoce en el artículo 44 que “toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluidas sus dimensiones física y psíquica”.

Más de 15 millones de personas están registradas para votar sobre la nueva Carta Magna el domingo. La posibilidad de “en desacuerdo” encabeza todas las encuestas con hasta un 56% de acuerdo.

– Sistema Integrado –

El actual sistema de salud en Chile se divide entre atención pública y privada. La propuesta de la Carta Magna plantea un sistema de “carácter universal, público e integrado”.

Actualmente, la atención de la salud se financia con un aporte obligatorio del 7% del salario del empleado, que decide si el dinero va al sistema público (Fondo Nacional de Salud, Fonasa), que también incluye a los que no aportan fondos, o al va el sistema privado, cuyas empresas se llaman Isapres.

Alrededor del 16% de la población usa Isapres, que a cambio reciben un bono de alrededor del 60% de sus beneficios de salud y diferencian a sus afiliados por edad y género.

La propuesta establece que todas las cotizaciones serán para el régimen único y existirá la opción de un seguro de salud privado complementario, pero ninguna alternativa como ocurre actualmente.

El objetivo es fortalecer un sistema universal y “evitar finalmente que [apenas] los que tienen dinero en el bolsillo pueden pagar el servicio”, dijo a la AFP la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico (Colmed) de Santiago.

– Asignación de recursos –

La falta de aportes reduce la capacidad económica para financiar las necesidades del sistema público, que recibe el 71% de su presupuesto de fondos estatales y sólo el 21% de aportes tributarios.

“Más personas están buscando ayuda en el sector público, donde ingresa menos dinero. Entra más dinero en el sector privado, que atiende a menos personas, entonces da un mejor servicio”, dice Pérez.

Las salas de emergencia de los hospitales públicos están llenas todos los días, con tiempos de espera de más de seis horas, y para algunos tratamientos y cirugías, los tiempos de espera pueden superar los 500 días.

Los centros quirúrgicos públicos a menudo cierran a la 1 p. m., afirma Crispi. “Necesitamos mejorar mucho y fortalecer la gestión del sistema público para optimizar la capacidad”, agregó.

– Duda –

En la Asociación de Isapres, que agrupa a las seis aseguradoras privadas de salud que existen en Chile, preocupan los cambios que propone la nueva Carta Magna.

Los planes no tienen en cuenta que el modelo integrado “será un paso adelante” porque “sobrecargará el sistema público”, dijo a la AFP Gonzalo Simón, presidente de la Asociación Isapres.

“Cuando entre en vigor esta nueva constitución y se ponga en práctica este sistema, se perderá la elección y habrá que obligar a todas las personas a pasarse a la opción pública”, subraya.

Sin embargo, los médicos de Colmed afirman que la toma de decisiones nunca fue universal.

“Esta libertad de elección es parcial y para unos pocos. Es para el porcentaje [da população] que pueden pagar un seguro de salud”, dice Crispi.

“Siento que nunca tuvimos el derecho [à saúde] y no sabemos cómo funciona ni cómo reclamarlo. Es algo que viene ahora”, subraya Pérez, esperando que pacientes como ella puedan ser tratados con una nueva condición sin perder sus casas o endeudarse durante 20 años.

apg/pa/pb/rpr

© Agencia France-Presse