En un país donde más del 80% de los casi 20 millones de habitantes acuden al sistema público en busca de ayuda por falta de recursos, “la enfermedad en Chile es ruina económica; en muchos casos la muerte”, apunta Pérez a la AFP.
Dice que está “comprando vidas” en el sistema privado para el tratamiento del cáncer, evitando las interminables listas de espera y colapsadas las emergencias de salud pública. “Si tienes dinero, tienes salud”, dice.
El sistema de salud en Chile nació con la actual constitución de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que garantiza “el libre e igual acceso a las medidas de promoción, protección y restauración de la salud” pero no el derecho a la salud como tal.
El proyecto de constitución, redactado durante un año por 154 electores elegidos por voto popular en igualdad de condiciones, reconoce en el artículo 44 que “toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluidas sus dimensiones física y psíquica”.
Más de 15 millones de personas están registradas para votar sobre la nueva Carta Magna el domingo. La opción de “en desacuerdo” lidera todas las encuestas con hasta un 56% de acuerdo.
– Sistema Integrado –
El actual sistema de salud chileno se divide entre atención pública y privada. La propuesta de la Carta Magna propone un sistema “de carácter universal, público e integrado”.
Actualmente, la salud se financia a través de un aporte obligatorio del 7% del salario del empleado, que decide si el dinero va al sistema público (Fondo Nacional de Salud, Fonasa), que también incluye a los que no aportan fondos, o al privado. va, cuyas empresas se llaman Isapres.
Alrededor del 16% de la población usa Isapres, que a cambio reciben un bono de alrededor del 60% de sus beneficios de salud y diferencian a sus afiliados por edad y género.
La propuesta establece que todas las cotizaciones serán para el régimen único y que existirá la opción de un seguro de salud privado complementario, pero no una alternativa como ocurre actualmente.
El objetivo es fortalecer un sistema universal y “evitar finalmente que [apenas] cualquiera que tenga dinero en el bolsillo puede pagar el tratamiento”, dice a la AFP la doctora Francisca Crispi, presidenta del Colgio Médico (Colmed) de Santiago.
– Asignación de recursos –
La falta de aportes reduce la capacidad económica para financiar las necesidades del sistema público, que obtiene el 71% de su presupuesto de fondos estatales y sólo el 21% de aportes tributarios.
“Más personas buscan atención en el sector público, donde entra menos dinero. Se está yendo más dinero al sector privado, que atiende a menos personas y, por lo tanto, brinda un mejor servicio”, afirma Pérez.
Los departamentos de emergencia de los hospitales públicos están abarrotados todos los días, con tiempos de espera de más de seis horas, y para algunos tratamientos y cirugías, los tiempos de espera pueden superar los 500 días.
Los centros quirúrgicos públicos a menudo cierran a la 1 p. m., afirma Crispi. “Aún nos queda mucho por mejorar y fortalecer la gestión del sistema público para poder optimizar la capacidad”, agregó.
– Deudas –
La Asociación Isapres, que agrupa a las seis aseguradoras privadas de salud que existen en Chile, está preocupada por los cambios que propone la nueva Carta Magna.
Los planes no prevén que el modelo integrado “será un gran avance” porque “sobrecargará el sistema público”, comenta a la AFP Gonzalo Simn, presidente de la Asociación Isapres.
“Cuando entre en vigor esta nueva constitución y se ponga en práctica este sistema, se perderá la elección y habrá que obligar a todas las personas a pasarse a la opción pública”, subraya.
Sin embargo, los médicos de Colmed afirman que la toma de decisiones nunca fue universal.
“Esta libertad de elección es parcial y para unos pocos. Por porcentaje [da populao] que pueden pagar un seguro de salud”, dice Crispi.
“Siento que nunca tuvimos el derecho [ sade] y no sabemos cómo funciona ni cómo reclamarlo. algo que viene ahora”, enfatiza Prez, con la esperanza de que los pacientes como ella puedan ser tratados con una nueva condición sin perder sus hogares o endeudarse durante 20 años.
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