Chile buscará derogar el polémico decreto de amnistía que impide juzgar a los militares que cometieron abusos contra los derechos humanos durante la dictadura de los años 70, dijo el gobierno la noche del jueves (11).

El anuncio se produjo en el 41 aniversario del golpe de estado del 11 de septiembre, el hecho que desencadenó la brutal dictadura de Augusto Pinochet y que aún provoca profundas divisiones en la sociedad chilena.

La presidenta de centroizquierda Michelle Bachelet, quien fue torturada y exiliada durante el gobierno de Pinochet, prometió anular el decreto de amnistía antes de su elección el año pasado.

La ley fue aprobada en 1978 para garantizar la impunidad de quienes cometieron violaciones de derechos humanos durante los primeros cinco años de la dictadura, que duró de 1973 a 1990.

En los últimos años, los tribunales han eludido la ley y más de 250 personas acusadas de tortura y asesinato han sido condenadas, pero las organizaciones de derechos humanos argumentan que la vigencia de la legislación es incompatible con las obligaciones humanitarias de Chile.

El gobierno ha admitido que el cambio será en gran parte simbólico. “No traerá un cambio profundo a lo que han hecho hasta ahora los tribunales chilenos, que es no aplicar la ley de amnistía”, dijo el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.

Otras medidas anunciadas en un paquete de derechos humanos incluyen un nuevo viceministro de derechos humanos y la eliminación de algunos beneficios debido a los ex soldados encarcelados.

Se estima que 3.000 personas fueron secuestradas y asesinadas o desaparecidas durante el régimen de Pinochet, y 28.000 fueron torturadas.