Los chilenos votarán este domingo (4) en un referéndum sobre la adopción de una nueva constitución en el país.

El proceso de referéndum comenzó en 2019 cuando el país experimentó una ola de manifestaciones. Luego de que la policía reprimiera las protestas, se intensificaron las acciones políticas en las calles del país (finalmente murieron 34 personas). En esa ocasión, en respuesta a las protestas, el gobierno decidió votar una nueva Asamblea Constituyente. Los chilenos decidieron que sí, se debía redactar un nuevo texto.

A continuación se enumeran las reformas más sensibles que componen el texto de 178 páginas, 388 artículos y 57 normas transitorias que deberán ser aprobadas o rechazadas en referéndum por los más de 15 millones de votantes del país.

De aprobarse el nuevo texto constitucional, los derechos y normas quedarán sujetos a la elaboración de legislación complementaria en el Congreso.

La carta actual fue promulgada en 1980 y es la base de lo que se considera una política económica liberal. Estipula que el Estado debe contribuir “a crear las condiciones sociales” para el desarrollo humano, pero no debe dedicarse a ninguna actividad empresarial.

La constitución actual divide el Congreso en Cámara de Diputados y Senado. Este último puede mejorar el trabajo de los diputados.

La Propuesta Constitucional elimina el Senado y crea dos cámaras de poder “asimétrico”: un Congreso de los Diputados para la formulación de las leyes y una Cámara de las Regiones sólo para las leyes relativas a los convenios regionales, sin el peso que hasta ahora tenía el actual Senado.

El proyecto de constitución propone un sistema nacional universal de atención de la salud. Este ha sido un tema clave en la sociedad chilena en los últimos años, ya que la mayoría de la clase media paga altos costos por los servicios de salud.

Hoy todos los trabajadores formales tienen que gastar el 7% de su salario en salud. Es posible optar por una tarifa completamente privada, sin embargo, este pago mensual muchas veces no cubre completamente los costos derivados de una enfermedad, cirugía o medicamento. Por lo tanto, es necesario pagar cantidades adicionales.

Solo los trabajadores mejor pagados pueden pagar las tarifas privadas, que son muy caras.

El nuevo texto estipula que el 100% del gasto obligatorio en salud va al sistema público y que se permite un seguro médico privado adicional.

Los críticos de la idea creen que esta propuesta llevará al colapso del sistema de salud pública, que atiende al 80% de la población.

En cuanto a las pensiones, desde la Constitución de 1980, las pensiones han dependido únicamente de las contribuciones de los empleados a los fondos de pensiones privados que pagan pensiones por debajo del salario mínimo de $ 400 y 60% por debajo del último salario.

La propuesta prevé un sistema público de seguridad social financiado por trabajadores y empleadores.

El proyecto de constitución establece el derecho a una vivienda adecuada y establece que el Estado debe garantizar los servicios básicos, la ubicación adecuada y el espacio suficiente. El objetivo es regular la vivienda social y mejorar los edificios populares con cientos de departamentos hacinados y superpoblados.

El país tiene actualmente un déficit de más de 500.000 viviendas sociales y la nueva constitución prevé garantizar el derecho a la vivienda a través del aumento de la construcción y soluciones al problema de la falta de vivienda.

La Constitución de 1980 protege la vida de los que están por nacer. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se ha incluido en el nuevo texto.

La Constitución de 1980 no hace referencia a los pueblos indígenas, que constituyen el 12,8% de la población de Chile.

El nuevo texto propone la autonomía de los pueblos indígenas y reconoce 11 pueblos y naciones, pero no permite atacar el carácter “único e indivisible” del Estado de Chile.

El nuevo texto ofrece un fuerte enfoque ambiental y es reconocido por expertos internacionales como pionero en reconocer los derechos de la naturaleza, los animales y la conservación del agua como derechos humanos.

La constitución propuesta define a Chile como una democracia paritaria en la que las mujeres ocupan al menos el 50% de los cargos en los poderes y órganos del Estado.

Si se aprueba, esta sería la primera constitución en el mundo con esta disposición.

La propuesta tiene como objetivo garantizar condiciones para el desarrollo de todas las personas y superar el estigma de los pacientes con enfermedad mental, incluyendo el derecho a la vida autónoma a favor de las personas neurodiversas y neurodivergentes.

Una concesión estatal permanente, respaldada por la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet, estipula que las empresas privadas deben administrar el suministro de agua.

Esta situación podría cambiar si la nueva Carta Magna establece el derecho universal al agua. El texto establece que el Estado debe garantizar “el uso adecuado del agua”. También cambia los derechos de propiedad por “los permisos de uso de agua emitidos por la Agencia Nacional del Agua son de carácter no comercial, se otorgan en función de la disponibilidad real de agua y requieren que el titular justifique el uso”.