El primer año de nuestro gobierno terminó el 11 de marzo del año pasado. Un Ejecutivo de coalición plural, que une a diferentes sectores políticos, que obtuvo el apoyo del 55,8% de los electores en la segunda vuelta, en los mítines presidenciales con mayor número de electores de nuestra historia. Hoy, a un año de haber asumido, reafirmamos nuestro compromiso: cumplir el mandato del pueblo de construir un Chile justo, seguro y solidario.
Suponemos que el gobierno es un país socialmente fragmentado y desconfiado de las instituciones representativas, cuyo síntoma más reciente fue la crisis social de 2019. Y heredamos una sociedad que ha resistido durante dos años la pandemia con todas sus consecuencias: vulnerabilidad económica, vidas precarias y efectos negativos en la salud mental de la población.
Asimismo, vivimos hoy en una sociedad más impaciente que exige cambios rápidos, que no está dispuesta a adaptarse siempre a los tiempos y a la austeridad de la política, y es a esta nueva sociedad a la que debemos responder. Los ciudadanos exigen transformaciones, pero también crean certezas y reducen incertidumbres.
El Norte tiene el camino de nuestro gobierno y es quien apoya a la comunidad chilena a través del plebiscito, sentando las bases para un estado de bienestar y responsabilizándonos de las inseguridades económicas, sociales e individuales que enfrentan las personas en su vida diaria. , aquí y ahora.
En nuestro país continúa el proceso constitucional de reforma de la constitución de Augusto Pinochet. El 7 de mayo se elegirán plena y democráticamente las 50 convenciones constitucionales responsables en última instancia de redactar el nuevo texto constitucional. Hoy, un grupo de expertos designados por el Congreso está trabajando en un proyecto de constitución, pero finalmente serán los chilenos quienes tendrán la última palabra a través del voto popular.
Varios temas atraviesan el debate constitucional, pero uno es de particular importancia con respecto a la instauración de un Estado constitucional democrático y social que deje atrás el Estado mínimo y subsidiario que nos ha gobernado hasta ahora y la precariedad y la renuncia a cosas importantes. trajo consigo a sectores de nuestra sociedad.
En la misma dirección, nuestro programa de gobierno propone avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social que supere el fallido modelo de capitalización individual (AFP) y aumente significativamente las pensiones; reconoce la salud como un derecho social garantizado por el Estado; y avanzar en la creación de un sistema de cuidados que reconozca y apoye con financiación pública esta tarea invisible, generalmente realizada no remunerada por mujeres. Además, Chile debe avanzar hacia un nuevo pacto social y fiscal que cree las bases para la justicia y la solidaridad mutua y permita que todos se sientan parte de una misma comunidad.
Estos cambios estructurales fundamentales deben ir acompañados de una gestión rápida y eficiente de las situaciones de emergencia cotidianas de las personas. Por eso mi gobierno ha hecho un esfuerzo especial para combatir la inflación y hemos empezado a duplicarla. Recientemente, se aprobó una ley contra el crimen organizado para desencadenar una aplicación de la ley más compleja y violenta. Impulsamos un plan especial de recuperación de espacios públicos para devolver los barrios y las ciudades a sus residentes. El hecho de que las personas vivan y se sientan seguras nos parece un derecho habilitante para el ejercicio de otras libertades.
Soy optimista sobre el futuro de Chile. Próximamente anunciaremos una política nacional sobre el litio, lo que significará que el Estado, en colaboración con el sector privado, asumirá un papel importante en la exploración y explotación de este recurso minero no metálico. Esta política es la continuación de una larga tradición minera en la región: tierras que explotaban con salitre migraron al cobre y ahora se acompañan de litio. Tenemos la segunda reserva de litio más grande del mundo y nuestra misión es convertirnos en el mayor productor de litio a escala global.
Para el mundo, nuestro gobierno representa la llegada de una nueva generación, muchas veces venimos de luchas sociales. De nuevas fuerzas políticas que ahora se articulan con otras fuerzas históricas. Para nosotros no es una disputa generacional, nos reconocemos en una larga historia que murió en generaciones anteriores porque hicimos de Chile una sociedad mejor, más justa y más democrática. Somos una sucursal nueva pero con raíces en la historia de Chile.
Este año en Chile celebramos el 50 aniversario del golpe militar de 1973. Hemos definido tres conceptos que guiarán este año de conmemoración: memoria, democracia y futuro. Quiero mirar al futuro, pero hacerlo con memoria y aprender del pasado. Quiero que Chile se reúna con una condena unánime e integral de las violaciones de derechos humanos. Nadie diferencia la política, explica o justifica la cesión de los derechos y la dignidad de los demás. Este año debemos ratificar un compromiso: el límite de la acción política se basa en el respeto a los derechos humanos.
América Latina hoy avanza bajo el liderazgo de gobiernos transformadores. Las condiciones para construir la integración económica y política nos ofrecen otra oportunidad que no podemos desaprovechar. Podemos darle a América Latina su propia voz en el mundo y trabajar por la paz y una globalización justa que respete nuestra soberanía.
Pero hoy también existen fuerzas de intolerancia y odio en América Latina y en el mundo. Históricamente, en tiempos de crisis, el populismo y el fascismo han surgido como alternativas. Fuerzas que relativizan la democracia, los derechos sociales, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual al patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios. Suelen vestía ropas falsas de nacionalismo y patriotismo. La unidad en torno a los mínimos democráticos y civilizacionales que permitan detener el avance de estas fuerzas es una tarea de primordial importancia en el mundo y en nuestro continente y debe reunir y unir a todos los demócratas de derechas y de izquierdas.
Chile no era un oasis, como lo fueron algunas personas en mi país a pocos días del estallido social de 2019. Nos enfrentamos a nuevas injusticias que nosotros, como gobierno, afrontaremos de frente. Pero Chile también es un país sólido que aborda los problemas y las diferencias institucionalmente, con diálogo, con respeto al estado de la derecha, con más democracia y no menos.
Hemos completado una pequeña parte de nuestro viaje. Todavía nos quedan tres años. Los principales desafíos que enfrentamos son superar las inseguridades cotidianas, apoyar los pilares de un Estado próspero, restaurar el crecimiento económico inclusivo, fortalecer nuestra democracia y una cultura de derechos humanos. Detrás de la conquista de este horizonte, de este mejor futuro para Chile, invertiremos toda nuestra energía y esfuerzo sin descanso.
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