“Pueden hablar con nosotros, no tengan miedo, porque también hay una política del miedo. Hay muchos prejuicios contra un candidato indígena y mapuche. Entonces este es un llamado a liberarnos de nuestros prejuicios e interactuar entre nosotros en igualdad de condiciones”, dijo Loncón en una reciente entrevista con el diario chileno “La Tercera”.

Su elección representa un cambio drástico para grupos no reconocidos en la constitución actual.

“Esta convención transformará el país y lo hará plurinacional e intercultural”, afirmó.

Los partidos acuerdan que la presidencia de la convención será rotativa, aunque aún no se ha determinado cuánto durará cada mandato al frente de la asamblea.

La elección de Loncón evidencia también la mayoría de progresistas entre los 155 parlamentarios que integran la asamblea.

Frente a una derecha debilitada con sólo 38 de los 155 escaños y al ascenso de candidatos independientes -la mayoría de ellos progresistas-, la convención tendrá la tarea de encaminar por el buen camino a un país gravemente golpeado por una crisis social e institucional.

Loncón ocupa uno de los 17 escaños reservados a los pueblos indígenas, de los cuales siete son ocupados por representantes del pueblo mapuche, dos por el pueblo aymara y uno por representantes de los demás pueblos: Kawésqar, Rapanui, Yagán, Quechua, Atacameño, Diaguita. , Colla y Changó.

Loncón nació en Traiguén en la región de La Araucanía en el sur de Chile, un bastión mapuche, y pasó su infancia en la comunidad Lefweluan. Ella dijo recientemente al periódico español El País que para ir a la escuela “tenía que recorrer ocho kilómetros desde su casa en la comunidad mapuche”, distancia que normalmente recorría a pie.

La mayor parte de su familia todavía vive en esta comunidad.

Loncón se graduó como profesora de inglés en la Universidad de La Frontera en La Araucanía y realizó estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y en la Universidad de Regina en Canadá.

También tiene un doctorado en humanidades de la Universidad de Leiden en Países Bajos y un doctorado en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La elección de Loncón es simbólica porque uno de los principales debates en la redacción de la nueva Carta Magna es el reconocimiento de los pueblos indígenas.

La definición de los derechos de las comunidades indígenas y el debate sobre un Estado plurinacional son temas fundamentales.

Las demandas de las comunidades indígenas incluyen la creación de un Estado que acepte la autonomía y los derechos de estos pueblos. Además, exigen, entre otras cosas, garantías territoriales y el reconocimiento de su cultura y lengua.

“Este es un problema importante que será costoso y requerirá muchas reparaciones históricas. Y obviamente es complicado porque afecta los derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos neozelandés y canadiense son los más interesantes (en este tema)”, sugirió el doctor en Ciencias Políticas Juan Pablo Luna, profesor de la Universidad Católica de Chile, en una entrevista reciente con BBC Mundo (servicio de la BBC en español).

Chile y Uruguay se encuentran entre los pocos países latinoamericanos cuyas constituciones no reconocen explícitamente a los pueblos indígenas.

Del otro lado están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos sino que también han optado por consagrar el carácter plurinacional de sus constituciones.

Luna explicó que la inclusión de los derechos de las comunidades indígenas garantizados y reconocidos en la Constitución no sólo tiene un fuerte efecto simbólico.

La doctora en ciencias políticas señaló que varios países de América Latina que han adoptado estos derechos, como Brasil y Colombia, ahora tienen al poder judicial como aliado de los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos constitucionales -como las cuestiones territoriales, el acceso a salud, entre otros Derecho.

El plazo para completar un proyecto de constitución en Chile es de máximo un año desde el inicio oficial de los trabajos el domingo. En 2022, un referéndum con votación obligatoria decidirá si la propuesta se aprueba o rechaza.

La actual Constitución chilena, legado de la dictadura de Pinochet, es rechazada en muchas partes del país por su modelo neoliberal en el que se han privatizado servicios básicos como el agua, la educación y las pensiones.