El acuerdo se alcanzó porque los legisladores están convencidos “de que es fundamental habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile”, reza el texto, difundido la noche del lunes por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Estados Unidos. de Diputados, Vlado Mirosevic.

“Se inicia un nuevo camino con una nueva constitución nacida en democracia, una nueva oportunidad para forjar un nuevo futuro para nuestra patria y nuestro pueblo”, dijo Elizalde tras firmar el convenio en la biblioteca del ex Congreso de Santiago.

Mirosevic añadió que “se han tomado todas las precauciones para evitar los errores del pasado y hacer bien el proceso”.

El acuerdo especifica que el nuevo Consejo Constitucional estará integrado por 50 personas elegidas por la ciudadanía, y el proceso contará además con la participación obligatoria de 24 expertos nominados, 12 de la Cámara de Diputados y Diputados y 12 del Senado.

“Las normas constitucionales propuestas son adoptadas por 3/5 de los Directores titulares, pasando la propuesta final al Consejo para su aprobación por el mismo quórum”, dice el documento.

Los expertos “de indiscutible formación profesional, técnica y/o académica” elaborarán a partir de enero un anteproyecto, que servirá de base para el trabajo de los editores.

Cuando el comité de redacción, junto con los representantes indígenas, ha terminado la propuesta de una nueva constitución, se envía de vuelta a expertos que pueden iniciar un proceso de armonización y revisar aspectos fundamentales si es necesario.

El paso final será un referéndum obligatorio programado para el 23 de noviembre del próximo año.

El pacto también establece 12 fundamentos del nuevo texto fundamental, entre ellos la mención de Chile como un Estado unitario, el Estado social y democrático de derecho, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el mantenimiento de organismos autónomos como el banco central, entre otros.

Como reforma a la constitución vigente, el acuerdo debe ser votado como proyecto de ley en el Congreso y ratificado por 4/7 de los parlamentarios. El Partido Republicano (extrema derecha) y el Partido Popular, aliados con la derecha populista, no pudieron firmar el acuerdo.

El acuerdo se alcanzó luego de más de tres meses de intensas negociaciones entre las fuerzas políticas, en las que el diseño del mecanismo para seleccionar el organismo que redactará el texto fue el principal obstáculo.

El proceso constitucional chileno se suspendió a fines de 2019 luego de que una ola masiva de protestas azotara el país, la mayor desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los partidos fundaron una convención constitucional, que debía pasar un año modificando la ley básica heredada de la dictadura y en parte reformada democráticamente.

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De Impala News/Lusa

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