Un nuevo informe oficial sobre la dictadura de Augusto Pinochet, la tercera en 20 años de democracia, cifra la cifra de muertos de ese régimen en más de 40.000, incluidos 3.225 muertos o desaparecidos.

El documento, presentado este jueves por la Comisión Valech y que actualiza otro informe de 2004, sumaba 9.800 nuevas víctimas de tortura y prisión política, que se suman a las 27.255 denunciadas originalmente, y 30 nuevos casos de desapariciones y ejecuciones, que se han sumado a la lista. 3.195 certificados oficialmente hasta el momento.

De esta forma, el total de víctimas oficiales entre los ejecutados, desaparecidos y torturados durante los 17 años de la dictadura de Pinochet (1973-1990) ascendió a 40.280, aunque entre los grupos de víctimas se estima en más de 100.000.

“No cabe duda que este es un nuevo paso en el enfoque de política pública del Estado chileno frente a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura”, dijo María Luisa Sepúlveda, presidenta de la Comisión, luego de la presentación del informe al presidente Sebastián Piñera.

La comisión retomó su trabajo durante 18 meses y recibió un total de testimonios de más de 32.000 personas, pero la mayoría de ellos fueron excluidos del informe luego de que se realizaron controles o porque no entraban en los parámetros definidos para la calificación de víctimas.

“Hay personas, como los hijos de víctimas que han sufrido allanamientos violentos, donde sus padres han sido víctimas de prisión y en ocasiones de fusilamiento, que no están amparados por el mandato porque no fueron víctimas directas”, explicó Sepúlveda.

“Hay otros casos que quedaron fuera del mandato porque no se pudo probar la motivación política de los casos o porque faltan antecedentes”, agregó.

“Los criterios para calificar a las nuevas víctimas son extremadamente preocupantes. Por el nivel de represión durante los 17 años de dictadura y la cantidad de denuncias, el número de víctimas podría superar las 100.000”, dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Pizarro también criticó que fijen plazos para recibir los antecedentes y pidió que se establezca un establecimiento para albergar a las víctimas de manera permanente.

“No es posible fijar plazos para la admisión de casos. Hay muchas víctimas que aún no logran superar el trauma, están fuera de Chile o simplemente tuvieron problemas para participar”, afirmó.

Las nuevas víctimas reciben los mismos beneficios que las víctimas anteriores: una pensión mensual de alrededor de US$ 250 (R$ 395) más beneficios de salud y educación.

“Los beneficios que reciben las personas calificadas están fijados por ley y son equivalentes a los que recibieron las personas calificadas la vez anterior”, explicó Sepúlveda.

“Tanto las leyes para víctimas no sobrevivientes, como ejecuciones políticas y desapariciones, como las leyes para presos políticos aplican esta vez a todos los que califiquemos”, agregó.

En 1991, un año después del fin de la dictadura de Pinochet, un informe de la Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación conocido como Informe Retting (del jurista Raúl Retting) confirmó 2.296 desapariciones forzadas y ejecuciones.

Un año después, se acreditaron otros 899 casos calificados de violaciones de derechos humanos.

En 2003 se creó la Comisión Valech (presidida por el obispo Sergio Valech) para esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y tortura por motivos políticos durante la dictadura.

Esta comisión buscó complementar el trabajo de la Comisión de Rescate, que se centró en los muertos y desaparecidos.